A la orden de captura que ordenó la Fiscalía contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005, se le suma la judicialización de otros 15 mandatarios locales en lo que va corrido de 2020.
El pasado 3 de junio se le imputaron cargos a Luis Antonio Rhenals Otero, alcalde de Cereté, Córdoba, por irregularidades en la celebración de un contrato en el marco de la emergencia sanitaria.
Los hechos que se investigan tienen relación con un contrato por 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 20.000 mercados para ser entregados a las familias afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso de selección se llevó a cabo de forma irregular porque, al parecer, se simularon las ofertas y estudio de mercado con el propósito de que el contrato fuera asignado a la firma contratista Inversiones Surtioriente S.A.S.
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Además, se registró la captura de dos alcaldes: Nelson Gómez de Palocabildo, (Tolima) y de Germán Herrera, de Guaduas (Cundinamarca), quienes en audiencia de imputación no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por la supuesta irregularidad en la celebración de contratos por la emergencia sanitaria.
El juez decidió que ambos alcaldes cumplirían con la medida de aseguramiento impuesta en sus lugares de residencia.
Al tiempo la Fiscalía pidió audiencia de imputación de cargos contra otros siete mandatarios locales: José Manuel Ríos, de Armenia, Quindío, Rummenigge Monsalve, de Malambo, Atlántico, Claudia Luz Alba Porras, de Socorro ,Santander, Luis Alberto Balcero, de Calarcá, Quindío, Jhon Jaime Ospina, de San Pedro,Valle, Jorge Iván Vásquez, de San Antonio, Tolima, y Rafael Antonio Ospina Toscano, de Coveñas, Sucre.
Otros mandatarios judicializados
Aunque el común denominador ha sido la judicialización de los mandatarios por contratos irregulares en el marco de la emergencia sanitaria, no ha sido la única razón.
El pasado 18 de mayo la Fiscalía le imputó cargos a Hernán Flórez Cuellar, alcalde de Morelia, Caquetá por la celebración irregular de tres contratos de compraventa que fueron firmados cuando se desempeñó como alcalde del mismo municipio en 2010.