Toda la indignación y rechazo ha causado el caso de la niña indígena de 12 años, que fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo de soldados del Ejército en el municipio Pueblo Rico, de Risaralda.
La fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, intentó aclarar la controversia que se dio luego de conocer que estos uniformados se les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, pero no acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.
Pues el pasado 26 de Junio con las evidencias y los elementos materiales probatorios que, en tiempo récord , se logran recaudar el fiscal acude ante un juez y formula imputación por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, cuya pena oscila entre 16 a 30 años; se hace la imputación en la que el indiciado puede allanarse a cargos y en ese momento, los siete militares aceptan la ocurrencia de estos hechos.
La Fical aseguró que los siete militares que confesaron haber abusado sexualmente de la menor no tendrán ningún tipo de beneficio ni rebaja de pena por haber reconocido los vejámenes a los que sometieron a la víctima de tan solo 12 años, ni por trabajo u estudio.
Al mismo tiempo señaló que, sobre el delito imputado a los siete militares que reconocieron el abuso de la menor indígena, existen muchos conceptos y apreciaciones sobre lo que se debió o no hacer pero que la Fiscalía se sustentó en las pruebas que hasta el momento se han recolectado.
“Esto es debido al material probatorio que se logró recaudar y la evidencia física y con base en ellos, el fiscal del caso hizo un pronóstico para la adecuación típica de la conducta y por ello consideró que el delito era acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, entre otras cosas precisamente por la autoridad que sobre la víctima, ostentaban estos militares” Menciono Torres.
También explicó que no se les imputó el delito de secuestro porque hasta el momento las pruebas que se han recaudado no establecen que ello hubiese ocurrido, sin embargo dijo que la investigación continúa y que se pueden añadir más delitos teniendo en cuenta las evidencias que aparezcan.
Sobre las extorsiones y amenazas que al parecer está recibiendo la familia de la víctima, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana aseguró que hasta el momento, no se ha denunciado este tipo de hechos pero que de recibirlas, iniciarán una nueva investigación.
Finalmente, dijo que lo más importante es proteger a la víctima y garantizar el restablecimiento de sus derechos.